“Para que nuestros ríos lleguen sanos al mar”
Recurso Hídrico y Contaminación
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La rotura del ducto ocurrió en el mismo lugar que en febrero del 2020, cuando se reportó la desaparición de la cascada de San Rafael y que, en abril, causó el derrame de más de 15 000 barriles de crudo.
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La rotura del Oleoducto de Crudos Pesados ocurrida la tarde del 28 de enero provocó el derrame de petróleo en una zona del Parque Nacional Cayambe Coca, una de las 66 Áreas Protegidas de Ecuador, y la contaminación alcanzó los ríos Quijos, Coca y Napo.
El viernes 28 de enero, el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) —una de las dos tuberías que transportan petróleo en Ecuador— se volvió a romper y provocó un derrame que alcanzó los cauces de los ríos Piedra Fina, Quijos, Coca y Napo, en el norte de la Amazonía del país.
Según informes del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), el evento contaminó al menos 21 007,91 metros cuadrados (m2) del Parque Nacional Cayambe-Coca, una de las 66 áreas protegidas de Ecuador. Andrea Hernández, directora de Control Ambiental del MAATE, confirmó que a las 16:45 llegó la alerta de los guardaparques y “a las 18:00 se le dispuso a OCP que inicie las acciones de contingencia, limpieza y remediación del derrame”. Los hallazgos sobre suelo, agua, aire, fauna y flora, junto a los efectos sociales del derrame, evidenciaron “una potencial afectación a la provisión de servicios ambientales y riesgos a la salud humana”.
En los informes preliminares del organismo de control ambiental se confirmó que del área total de afectación, 16 913,61 m2 se encuentran dentro de la zona de protección y los restantes 4 094,3 m2 pertenecen a la zona de amortiguamiento del área protegida. Esto implica —detallan los documentos del MAATE— una amenaza para las especies animales que habitan la zona, como el cusumbo andino o coatí andino (Nasuella olivacea), el venado Chonta (Pudu mephistophiles), el gallo de la peña (Rupicola peruvianus) y varias especies de anfibios.
Vista Aérea de dos ‘piscinas’ construidas para capturar el petróleo. Camiones vacumm extrajeron mediante succión el crudo de esas fosas y lo trasladaron a tanqueros de combustible para transportar el petróleo recuperado hacia la estación Amazonas, en Lago Agrio. Foto: Iván Castaneira.
El Ministerio dijo en sus informes que apenas una familia de tres personas fue afectada y aseguró que se evacuó y reubicó a sus miembros. Sin embargo, de acuerdo con Patricia Vargas, presidenta de la comunidad de Panduyaku; Luis Salazar, presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) parroquial de Gonzalo Díaz de Pineda y con datos recogidos por la organización Acción Ecológica, las aguas contaminadas alcanzaron a decenas de comunidades kichwas de las provincias de Napo y Sucumbíos. La comuna de Panduyaku, con sus tres sectores —Shiwuacucha, San Francisco y Huayraurco—, aseguran que está entre los principales afectados, pues son los poblados más cercanos al sitio del derrame. Playa del Río Coca, Dashino, El Embalse y Cañón de los Monos, son otras poblaciones ribereñas que también, según las fuentes consultadas, han sido víctimas de la contaminación de sus fuentes hídricas. Juntas, estas localidades reúnen a más de 150 familias, de acuerdo con Patricia Varga y los datos recogidos por Acción Ecológica.
Un equipo periodístico de Mongabay Latam y La Barra Espaciadora llegó el mismo sábado 28 de enero a la zona del derrame y narra en este artículo la magnitud de este nuevo desastre que afecta a un área protegida importante del Ecuador, así como a comunidades indígenas y sus fuentes de agua y alimentación.
La empresa Welding, contratista de OCP Ecuador, capturó el petróleo en 7 «piscinas» para evitar que el petróleo avanzara hacia los cauces de los ríos. Las excavaciones contuvieron el crudo hasta que camiones vacumm llegaran al lugar y succionaran el material para transportarlo en tanquero hacia la estación Amazonas, ubicada en la ciudad de Lago Agrio. Foto: Iván Castaneira.
Una cadena de desastres
Este nuevo desastre ambiental se suma a una sucesión de hechos que se inició el 2 de febrero del 2020, con la desaparición de la cascada de San Rafael, y que desató el proceso de erosión regresiva del río Coca. El 7 de abril de ese mismo año, el proceso erosivo causó la rotura del mismo ducto y, además, la del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote) y el gasoducto, y en esa ocasión se derramaron más de 15 000 barriles de petróleo en los mismos cauces que esta vez también han sido afectados. Más de 27 000 pobladores indígenas amazónicos que viven río abajo vieron afectados sus derechos al uso de agua limpia y saludable, a la alimentación, y sus chakras desaparecieron debajo de la corriente del río. Hasta la fecha de esta publicación, aseguraron que no han recibido ningún tipo de compensación por parte del Estado ecuatoriano, tal como ordena su legislación.
Desde que se produjo el derrame del 2020, la empresa privada OCP Ecuador y una de sus contratistas, la firma Welding, han construido siete variantes del oleoducto para evitar la interrupción de la producción hidrocarburífera, pero todas han colapsado. Colectivos y organizaciones ambientalistas y defensores de derechos humanos reclaman que el Estado ecuatoriano haya privilegiado la continuidad de la producción petrolera pero haya postergado la atención a los habitantes de las poblaciones cuyos suelos y aguas se han contaminado y que ahora están desconectados debido a la pérdida de un tramo de la carretera que comunica a Quito con Lago Agrio. Los hechos sucesivos de roturas de los ductos y derrumbes de la vía no se han detenido desde que se inició la erosión regresiva.










